El reciente altercado registrado en el kilómetro 18+960 de la vía Bogotá–Villavicencio no es solo un episodio más de la tensión que viven los usuarios por los peajes y los constantes cierres viales. Lo ocurrido con Yuly Jazmín Rey Trujillo, funcionaria de Coviandina, es un hecho de violencia que no puede relativizarse, esconderse ni disfrazarse de “impulso”, “malentendido” o “calentura del momento”.
Según los reportes oficiales, Arley Fernando Gómez Hernández, quien hoy suena como aspirante al Senado por el Partido Verde, llegó al punto de cierre vial sin acatar las indicaciones de detenerse. Descendió de su camioneta, movió los maletines de seguridad y, en medio del forcejeo, empujó a Yuly, quien era la encargada de controlar el paso alterno de vehículos. El resultado: captura en flagrancia por el presunto delito de lesiones personales, contemplado en el artículo 111 del Código Penal, que sanciona cualquier acción que cause daño en la integridad física o la salud de otra persona.
No se requiere una herida profunda, un hueso roto o una incapacidad prolongada para que exista el delito. La ley es clara: basta con que haya una afectación, física o psicológica, para configurarlo.
Y aquí hubo algo más: hubo una mujer empujada varias veces mientras intentaba cumplir su trabajo. No es interpretación, no es rumor: hay video, hay denuncia, y hubo un acuerdo posterior que solo existe cuando hay un hecho real que resolver.
Pese a ello, Arley salió a afirmar que “no hubo agresión”. Pero las imágenes dicen otra cosa: muestran a una funcionaria retrocediendo, intentando mantener su puesto, mientras un hombre avanza sobre ella, grabándola, gritando y moviendo la señalización para imponer su voluntad. Si Arley insiste en que él fue la víctima, sería oportuno que publicara el video completo que grabó ese día. La verdad no debería temerle a la evidencia.
Sin embargo, este caso deja al descubierto un fenómeno aún más preocupante que la agresión misma: el silencio.
Silencio de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que esta vez no se pronunciaron, aun cuando hubo un hecho público, documentado, con denuncia y con capturas. Silencio que duele porque, si este caso no merece siquiera un comunicado, ¿qué sí lo merece?
A ese silencio se sumó una reacción política profundamente equivocada: algunos candidatos —entre ellos José Manuel Sandoval— optaron por solidarizarse con Arley en vez de con la mujer que fue agredida. En vez de rechazar con claridad el maltrato, prefirieron minimizarlo, relativizarlo o, peor, justificarlo. Esa postura no solo desconoce la evidencia: también envía un mensaje débil y peligroso sobre lo que significa ser servidor público.
Todo esto sucede, además, en vísperas de un ambiente preelectoral. No se necesita una valla ni un color de campaña para entender que ya empezaron las movidas, y lo preocupante es que algunos empiezan empujando a una funcionaria.
No, señor Arley: en el Llano no queremos que usted haga creer que reclamar por los peajes implica agredir a quien trabaja en la vía. No todo vale.
No todo vale para protestar, no todo vale para grabarse buscando likes, no todo vale para hacer política.
Por eso, desde aquí, se extiende la disculpa que usted no ofreció:
Yuly, perdón. Perdón por la agresión. Perdón por la exposición. Perdón por quedar en medio del afán electoral de otros. Perdón por el silencio injustificable de quienes debieron respaldarla.
Hoy, más que señalar solo a un responsable, es necesario dejar una reflexión firme para todos los candidatos, todos los partidos y todas las organizaciones públicas y privadas:
Si alguien cree que la campaña comienza empujando, maltratando o intimidando, entonces ya comenzó mal.
Y si el país normaliza estos comportamientos —o peor, los aplaude—, también comenzamos mal como sociedad.
La política exige altura.
La ciudadanía exige respeto.
Y Yuly merece justicia, claridad y una disculpa que todavía no le han dado.
