Este martes, 3 de diciembre, se dio inicio formal a las negociaciones del salario mínimo en Colombia para el año 2025, un proceso marcado por las posturas divergentes de empresarios, sindicatos y el gobierno. En la sesión, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) propuso un incremento del 2,5%, equivalente a aproximadamente $32.500, excluyendo el auxilio de transporte.
Esta cifra está considerablemente por debajo de la inflación proyectada entre 5% y 5,2% y contrasta con las expectativas de los sindicatos, que exigen un aumento del 10%, es decir, unos $130.000 adicionales. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enfatizó que mantener un aumento en doble dígito es prioritario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por su parte, el gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una posición intermedia, proponiendo un incremento del 6,2%, basado en la fórmula de inflación más productividad. Organizaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) respaldaron propuestas similares, advirtiendo que un aumento excesivo podría afectar negativamente el empleo y la formalidad laboral.
La mesa de concertación continuará sesionando esta semana, con las posturas de las partes marcadas por tensiones. Mientras Acopi sostiene que un incremento más alto es inviable para las micro y pequeñas empresas, los sindicatos exigen priorizar la calidad de vida de los trabajadores frente a los retos económicos.
En este contexto, la Comisión Permanente del Salario Mínimo busca lograr un acuerdo que equilibre las necesidades de la población trabajadora con la estabilidad económica del país. La decisión final podría sentar precedentes sobre el enfoque del gobierno Petro hacia la justicia social y el desarrollo económico.
