El impacto del Acuerdo de Paz en la Amazonia: un desafío ambiental
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 marcó un hito histórico para Colombia, pero trajo consigo consecuencias inesperadas para la Amazonia. La deforestación en municipios antes controlados por las FARC-EP aumentó un alarmante 177 % tras su salida, frente al 90 % en otras regiones del país. Este incremento se debe a la ausencia de regulación sobre el uso del suelo y la llegada de nuevos actores que intensificaron actividades como la ganadería extensiva, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras.
Por otro lado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) han indicado que la deforestación en la Amazonía colombiana ha alcanzado niveles alarmantes con un aumento del 223 % en comparación con el mismo periodo de 2023.
Valentina Cano Giraldo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció este fenómeno tras analizar 79 entidades territoriales amazónicas entre 2013 y 2022. Su estudio revela cómo la transición del control territorial dejó a la región vulnerable frente a intereses económicos que priorizan el desarrollo a corto plazo, afectando gravemente los ecosistemas.
Cifras alarmantes que exigen atención inmediata
Entre 2014 y 2021, la Amazonia pasó de concentrar el 49 % de la deforestación nacional al 70 %. Durante ese periodo, se perdieron 866.779 hectáreas de bosque en esta región. Los departamentos más afectados, como Caquetá y Meta, sufrieron un crecimiento en la pérdida de cobertura vegetal debido a la praderización de tierras para ganadería. Solo en Caquetá se deforestaron 290.560 hectáreas durante el posacuerdo.
Además, las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) no escaparon a esta crisis: la deforestación en estos territorios aumentó un 169 % entre 2017 y 2021. Según la investigación, la promesa de formalizar 7 millones de hectáreas en el marco del Acuerdo incentivó a los colonos a establecer fincas de hasta 1.000 hectáreas.
Factores detrás de la crisis ambiental
La investigación destaca que la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito y la minería –tanto lícita como ilegal– son los principales impulsores de la deforestación. En la región amazónica, el número de cabezas de ganado creció de 3 millones en 2016 a 4,5 millones en 2021.
En paralelo, el aumento de cultivos ilícitos es alarmante: departamentos como Guainía registraron un incremento del 158 % entre 2020 y 2021. Este fenómeno genera no solo deforestación, sino también problemas sociales y económicos que dificultan una solución integral al problema.
El futuro de la Amazonia está en juego
La pérdida de bosques tropicales no solo amenaza la biodiversidad local, sino que también agrava la crisis climática global debido al aumento de emisiones de carbono. “La Amazonia es un patrimonio invaluable que necesita una gestión efectiva e incluyente. Protegerla requiere priorizar enfoques ambientales en las políticas públicas posconflicto”, subraya Cano Giraldo.
El desafío está claro: para garantizar una deforestación neta cero en 2030, como lo propone el Conpes 4021 de 2020, es urgente replantear estrategias de desarrollo en territorios vulnerables.
