En un entorno económico desafiante, las negociaciones anuales sobre el salario mínimo en Colombia han tomado un giro crucial. Las centrales obreras y asociaciones de pensionados han propuesto un aumento del 12% para 2025, lo que equivaldría a un incremento de $156.000, situando el salario mínimo en $1,45 millones, excluyendo el subsidio de transporte.
El Comando Nacional Unitario, que reúne a sindicatos como la CUT, CGT, CTC y confederaciones de pensionados, defiende esta propuesta como un paliativo ante la creciente inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el empresariado, representado en parte por Acopi, ha sugerido un aumento más modesto del 5,2% ($67.600), reflejando preocupaciones sobre la sostenibilidad económica y la competitividad empresarial.
Fabio Arias, presidente de la CUT, ha expresado su escepticismo sobre un posible consenso en la comisión de concertación, citando discrepancias en los datos reportados por el Dane y la omisión de la productividad laboral en los cálculos recientes. Esta tensión resalta las diferencias entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades económicas de los empleadores, especialmente en sectores golpeados por la pandemia.
El cálculo del salario mínimo en Colombia, históricamente basado en la inflación, la productividad y las condiciones macroeconómicas, se enfrenta a cuestionamientos. Según datos del DANE la productividad laboral ha variado entre el 1,73% y el 3,43% en 2024, lo que ha generado debates sobre la veracidad de estas cifras.
En medio de la discusión, el gobierno se posiciona como mediador. El salario mínimo para 2025 no solo representa un ajuste económico, sino un reflejo de las tensiones y desafíos sociales en el país.
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