El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lidera el referendo “Firme sí por las regiones”, una iniciativa que propone que los impuestos de renta y patrimonio recaudados en cada región permanezcan allí, en lugar de ser enviados al gobierno central. Esta medida busca aumentar la autonomía fiscal y el desarrollo local de los departamentos, una demanda histórica que, según Zuluaga, mejoraría la inversión y la eficiencia en la administración de recursos públicos en beneficio directo de las comunidades.
Durante una entrevista con Blu Radio, Zuluaga señaló que de cada 100 pesos recaudados en regiones como Córdoba, Antioquia o Cundinamarca, solo regresan aproximadamente 20. Esta situación limita las oportunidades de crecimiento local y perpetúa la dependencia de los departamentos hacia el gobierno central. Además, explicó que la propuesta va en línea con el debate actual en el Congreso sobre la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que, según él, podría allanar el camino para que el referendo logre respaldo legislativo.
Zuluaga también destacó que el referendo es resultado de un esfuerzo de diálogo ciudadano que lleva meses recorriendo el país para promover la autonomía y descentralización. “Es momento de pensar en las regiones y permitirles diseñar su futuro”, afirmó. Con la recolección de firmas en su fase final, Zuluaga expresó optimismo respecto al respaldo popular de la iniciativa, impulsada también por figuras de distintas orientaciones políticas.
La propuesta no está exenta de críticas: algunos sectores consideran que una mayor autonomía podría incrementar los riesgos de corrupción en las administraciones regionales. Al respecto, Zuluaga fue enfático en que el combate contra la corrupción es un desafío tanto a nivel central como regional, y sostuvo que un sistema de controles sólidos sería clave para evitar estos problemas.
De aprobarse el referendo, la discusión pasará al Congreso, donde se definirán las competencias y controles específicos para los departamentos. Esta iniciativa apunta a convertirse en un tema central para las elecciones de 2026, cuando los colombianos decidirán sobre la relación entre el gobierno central y sus regiones en términos financieros y de gobernanza.