La reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro trae consigo cambios significativos en materia de impuestos, entre ellos un IVA del 19% a importaciones menores de 200 dólares y un incremento gradual de los impuestos al carbono, que impactarán combustibles como gasolina y diésel.
Según la representante Olga Lucía Velásquez, ponente de la reforma, el impuesto al valor agregado para importaciones de bajo costo tiene como objetivo combatir el contrabando técnico y equilibrar las condiciones con las importaciones regulares. “No es un impuesto nuevo; se estableció en 2017. Estamos normalizando su aplicación”, explicó en entrevista.
Actualmente, los productos importados bajo modalidades como envíos urgentes están exentos del IVA, pero con la reforma, quedarían sujetos a la tarifa. Esto afectará a los colombianos que realizan compras en plataformas como Amazon, elevando el costo de bienes cotidianos, como un par de tenis de 200.000 pesos, que aumentaría por el nuevo gravamen.
Impacto en transporte y alimentos Otro eje de la reforma es el incremento gradual del impuesto al carbono, que busca desincentivar el consumo de combustibles fósiles. No obstante, Velásquez admitió que esta medida podría encarecer el transporte de carga, los tiquetes aéreos y sistemas de transporte masivo, lo que generará un efecto en cadena sobre la inflación, particularmente en alimentos.
“El aumento será monitoreado anualmente para ajustar las medidas si los efectos son desproporcionados”, afirmó Velásquez. Este impuesto alcanzará su tarifa plena en 2028, ofreciendo un periodo de adaptación para la economía.
Otros cambios: Impuestos a los dividendos La reforma también plantea un impuesto del 30 % para dividendos superiores a 51 millones de pesos anuales, dirigido a personas de altos ingresos. Velásquez defendió esta medida como un paso hacia la equidad fiscal, aunque ha enfrentado críticas por su posible impacto en el sector privado.
Además, algunos congresistas han señalado que el IVA a importaciones podría vulnerar compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Sin embargo, Velásquez desestimó estas afirmaciones, asegurando que la medida cumple con los lineamientos internacionales.
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