El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 9,54% en el salario mínimo para 2025, llevándolo a $1.423.500, más $200.000 de auxilio de transporte, un ajuste que beneficia a más de dos millones de trabajadores colombianos. Sin embargo, la medida ha generado fuertes reacciones en diferentes sectores.
Mientras que Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), celebró el incremento como un paso significativo hacia la justicia salarial, sectores autónomos de la Confederación General del Trabajo (CGT) expresaron preocupaciones. En un comunicado, el presidente de la CGT, Jorge Iván Diez, destacó la necesidad de analizar el impacto de este aumento sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de más del 80% del empleo formal en el país.
Por otro lado, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó la decisión como un “error económico”. Según él, el incremento podría generar más inflación, dificultar la reducción de tasas de interés y fomentar la informalidad laboral, que ya afecta a más del 50% de la fuerza laboral.
Durante el anuncio, realizado en Zipaquirá, Petro defendió la medida como una herramienta para fortalecer la economía y dignificar el trabajo. Aseguró que “un salario mínimo más alto puede impulsar la economía y reducir la desigualdad social”. Además, destacó que un incremento similar en 2022 ayudó a más de 1,6 millones de colombianos a salir del hambre.
No obstante, gremios empresariales, liderados por Jaime Alberto Cabal de Fenalco, advirtieron sobre riesgos para la sostenibilidad de las mipymes. Según Cabal, estas podrían enfrentar mayores costos operativos, afectando la generación de empleo.
El aumento, aprobado por decreto tras la falta de consenso en la mesa de concertación, será un tema de debate continuo en 2025, ya que su impacto dependerá de las políticas complementarias que adopte el gobierno.
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