La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Mohammed Deif. Los tres están acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo la inanición como método de guerra y actos de asesinato y persecución sistemáticos.
En su declaración, el tribunal, con sede en los Países Bajos, afirmó que existen motivos razonables para creer que Netanyahu es penalmente responsable de crímenes cometidos en el contexto del conflicto palestino-israelí. Aunque Israel no es miembro de la CPI, la adhesión del Gobierno Autónomo de Palestina al Estatuto de Roma permite que el tribunal actúe en casos relacionados con su territorio.
Por su parte, Mohammed Deif, figura clave de Hamas y presunto arquitecto del ataque del 7 de octubre, enfrenta acusaciones por actos de tortura, asesinato, toma de rehenes y violencia sexual, entre otros. Aunque Israel asegura haberlo eliminado en un ataque aéreo reciente, Hamas no ha confirmado su fallecimiento.
El caso subraya la complejidad del conflicto en Medio Oriente. La CPI rechazó un intento israelí de cuestionar su jurisdicción, argumentando que sus acciones se sustentan en la legislación internacional vigente. En paralelo, la inclusión de altos mandos tanto de Israel como de Hamas en estas acusaciones refuerza el debate sobre las responsabilidades compartidas en el prolongado conflicto.
Este movimiento por parte de la CPI podría tener repercusiones geopolíticas importantes, incrementando las tensiones en una región ya en crisis y planteando interrogantes sobre la efectividad del derecho internacional frente a potencias no signatarias del tribunal.
