El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, ha demandado a Elon Musk y su Comité de Acción Política (PAC) pro-Trump America, acusándolos de operar una “lotería ilegal” que ofrece un millón de dólares a votantes de estados clave de Estados Unidos en los días previos a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La demanda civil se presentó en el Tribunal de Causas Comunes de Pensilvania, donde Krasner argumenta que el concurso obliga a los ciudadanos a proporcionar su información personal y a realizar una declaración política a cambio de participar en el sorteo.
Según Krasner, este sorteo no solo compromete la integridad del proceso electoral, sino que podría violar leyes de privacidad y prácticas de protección al consumidor. El fiscal sostiene que el esquema de Musk busca influir en el voto al ofrecer incentivos económicos en los estados con peso decisivo en las elecciones, lo que a su juicio pone en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso democrático. Este argumento se fortalece con la advertencia que el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo la semana pasada, enviando una carta al PAC de Musk en la que cuestiona la legalidad del sorteo y señala posibles violaciones a la ley federal.
El PAC pro-Trump America ha estado sorteando un millón de dólares diarios entre personas que firman una petición en defensa de la libertad de expresión y el derecho a portar armas. Aunque el concurso no especifica el voto hacia un candidato en particular, exige que los participantes sean votantes registrados, lo que ha generado críticas sobre el posible sesgo político y el alcance de la influencia del premio.
Frente a la demanda, un portavoz del PAC de Musk indicó en una publicación en redes sociales que el concurso continuará hasta el día de las elecciones, y aseguró que el proceso está protegido por la libertad de expresión y que las acusaciones de manipulación electoral son infundadas. Aún no se ha emitido una respuesta oficial por parte del equipo legal de Musk.
La demanda presentada por Krasner podría sentar un precedente sobre la influencia de incentivos financieros en campañas políticas y la recopilación de datos personales en campañas electorales. Dependiendo del fallo, el caso podría redefinir el límite entre la libertad de expresión y el control de influencias económicas en el proceso electoral, abriendo un nuevo debate sobre el papel de las corporaciones y multimillonarios en la democracia estadounidense.
