El excanciller Álvaro Leyva presentó un recurso de apelación una semana después de que la Procuraduría lo sancionara con destitución e inhabilidad por 10 años. Leyva alega violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad en el fallo.
Según el recurso, el proceso disciplinario fue dirigido únicamente por un procurador delegado, sin la participación de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, lo que vulneraría las normas establecidas. Leyva también señaló que el juicio estuvo marcado por enemistades políticas del procurador encargado y que el pliego de cargos fue inicialmente impreciso.
En su defensa, el excanciller argumentó que actuó frente a irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en 2023. Leyva asegura que documentos, testimonios y un informe de la Fiscalía General respaldan que los pliegos favorecían a un único proveedor.
La Procuraduría sostiene que Leyva incurrió en faltas gravísimas al declarar desierta la licitación, aún cuando legalmente podía adjudicarla al único oferente. El fallo concluyó que su decisión comprometió derechos de los connacionales y fue contraria a sus deberes como servidor público.
Este caso no solo pone en debate las decisiones administrativas de Leyva, sino también la transparencia de los procesos disciplinarios en Colombia. El impacto de esta apelación podría definir precedentes en el sistema de control disciplinario del país.
