El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, se encuentra en el centro de una tormenta política tras el testimonio de su exasesora, María Alejandra Benavides, ante la Fiscalía. Según su declaración, Bonilla estaba al tanto de un esquema de compra de votos en el Congreso para facilitar la aprobación de créditos a favor de la Nación. Estas revelaciones refuerzan denuncias anteriores hechas por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, subdirector de la misma entidad.
Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, y otros líderes de la oposición han sido enfáticos en exigir la renuncia de Bonilla. Cadavid aseguró: “No es una trampa, como afirma el presidente Petro. Bonilla debe salir y enfrentar la justicia como cualquier ciudadano”. Por su parte, Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, recordó que intentó impulsar una moción de censura contra el ministro meses atrás, pero esta fue bloqueada por la mayoría del Senado.
El presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente a Bonilla, calificando las acusaciones como “entrampamientos”. Sin embargo, este respaldo ha generado críticas desde diversos sectores, que acusan al mandatario de proteger a un miembro de su gabinete pese a la creciente evidencia en su contra.
Este escándalo no solo pone en entredicho la credibilidad del ministro y del gobierno, sino que también aviva el debate sobre la corrupción en las altas esferas del poder. Si Bonilla decide no renunciar, enfrentará un largo proceso judicial mientras intenta mantener la estabilidad en una de las carteras más sensibles del país.
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