El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, envió una solicitud formal a Estados Unidos para que se conceda el indulto a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, excomandante de las extintas Farc. Según la administración Petro, la liberación de Trinidad permitiría su participación como gestor de paz en los procesos de negociación con disidencias como la Segunda Marquetalia y el EMC.
La petición, firmada por el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue enviada al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, el pasado 24 de noviembre. En el documento, se argumenta que la inclusión de Trinidad en las negociaciones sería clave para avanzar hacia la consolidación de la paz total en Colombia.
Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el secuestro de tres contratistas norteamericanos, quienes fueron liberados durante la Operación Jaque en 2008. El juez Royce Lamberth, quien dictó su sentencia, calificó el acto como “barbárico y terrorista”, y destacó su gravedad para la seguridad de las naciones civilizadas.
Pese a haber firmado un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Trinidad aún no ha podido declarar ante esta jurisdicción transicional ni ofrecer verdad y reparación a las víctimas de sus crímenes.
Reacciones políticas
La solicitud del Gobierno ha generado una fuerte polémica en el ámbito político colombiano. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó la decisión al cuestionar las motivaciones detrás de la petición:
“¿Qué tanto sabe el terrorista Trinidad que lo quieren aquí? Todo el secretariado de las Farc debería estar en EE. UU. pagando por narcotraficantes y asesinos”.
Este anuncio también reaviva el debate sobre los límites del proceso de paz, la búsqueda de justicia para las víctimas, y la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en términos de extradición y cooperación judicial.
