La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la apelación presentada por el general retirado Mario Montoya Uribe , confirmando la imputación por su presunta responsabilidad en más de 100 casos de falsos positivos , ejecuciones extrajudiciales de civiles reportados como guerrilleros caídos en combate. Los hechos ocurrieron en 2002 cuando Montoya comandaba la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia.
En su fallo, la JEP sostuvo que los argumentos de la defensa no eran suficientes para invalidar la imputación. Según los magistrados, la apelación se centró en cuestionar aspectos procesales , como el traslado de las versiones voluntarias, sin demostrar cómo estos procedimientos afectarán el debido proceso de manera sustancial. “El trámite dialógico fue adecuado, y no se evidencia vulneración de garantías”, afirmó el tribunal.
La negativa del general Montoya a aceptar su responsabilidad no limita su participación en el juicio adversarial al que ahora será remitido. En esta fase, se evaluarán las pruebas y se determinarán las responsabilidades penales correspondientes. La JEP enfatizó que este procedimiento busca garantizar transparencia en el abordaje de crímenes vinculados al conflicto armado.
El caso de Montoya se inscribe en uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano: los llamados “falsos positivos”. Este esquema, ampliamente documentado, consistió en presentar civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para inflar los resultados operativos del Ejército. La Cuarta Brigada, bajo el mando de Montoya, fue señalada por su participación activa en estas prácticas.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión, subrayando la importancia de este juicio como parte del proceso de justicia transicional en Colombia. En un trío, manifestó: “La verdad y la justicia son pilares de la reconciliación. Los falsos positivos nunca debieron ocurrir”.
Con esta determinación, la JEP reafirma su compromiso de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, consolidando su papel como garantía de los derechos humanos en el marco de los acuerdos de paz.