El presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, ha sido demandado mediante una acción de tutela interpuesta por Enrique Vargas Lleras. Según el documento legal, el exministro considera que el mandatario vulneró sus derechos al buen nombre y la honra a través de afirmaciones realizadas en la red social “X” (antes conocida como Twitter). La publicación en cuestión, realizada el pasado 8 de octubre de 2024, acusaba a Vargas Lleras de supuestos beneficios económicos derivados de prácticas en la Cámara de Comercio de Bogotá.
En su publicación, Petro declaró: “Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá (…). Desde ahí juegan al golpe de Estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos.”
Ante estas afirmaciones, Enrique Vargas Lleras asegura que las acusaciones son infundadas y carecen de soporte probatorio. En una solicitud formal realizada el 10 de octubre, exigió al presidente una retractación pública, la cual no se produjo. El pasado 1 de noviembre, la Coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia rechazó la petición del exministro, afirmando que las declaraciones del presidente están amparadas por su libertad de expresión.
En respuesta, Vargas Lleras interpuso la acción de tutela que será evaluada por el Consejo de Estado. La controversia ha reavivado debates sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad de figuras públicas en redes sociales, así como sobre el impacto de estas en la reputación de otros ciudadanos.
El caso podría sentar un precedente importante sobre el manejo ético y jurídico de las declaraciones de altos funcionarios públicos en el ámbito digital.
