La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra funcionarios de varias entidades del gobierno colombiano, incluyendo el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El foco de la investigación es la presunta modificación irregular de un contrato, que habría reducido su valor en $100 mil millones de pesos, desviando los recursos para presuntamente beneficiar a funcionarios.
Según lo divulgado por la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría, las denuncias mediáticas apuntan a que las modificaciones en los acuerdos, originalmente establecidos entre el Fondo de Gestión del Riesgo y la ANT, se realizaron de manera intencional. Los recursos desviados habrían sido destinados al pago de coimas, representando un 7% del monto total del contrato.
Además, los investigadores buscan esclarecer las conexiones entre los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el funcionario Luis Barreto. Este esfuerzo tiene como objetivo individualizar responsabilidades y determinar si la conducta constituye una falta disciplinaria, o si los implicados actuaron bajo alguna causal que excluya la responsabilidad penal o administrativa.
La Procuraduría también examina las condiciones y propósitos de los sobornos identificados en el convenio. Este caso está ligado a otras líneas de investigación que buscan desentrañar posibles redes de corrupción dentro de las estructuras gubernamentales asociadas con la gestión del riesgo de desastres.
