La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, denunció una deficiente gestión presupuestal en los procesos de compra de predios liderados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la funcionaria, de los $1,26 billones asignados, únicamente se ha ejecutado el 33%, mientras que el monto restante, equivalente a $645.000 millones, fue transferido al Fondo Colombia en Paz sin ser utilizado.
Estas declaraciones fueron realizadas durante una sesión técnica ante la Corte Constitucional, en la que se evaluó el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022, relacionada con la política de tierras y la implementación de la Reforma Rural Integral.
Catastro Multipropósito: metas lejanas
Cabello también advirtió sobre los atrasos significativos en la implementación del catastro multipropósito, una herramienta clave para el desarrollo rural. Según las cifras presentadas:
- Solo se ha actualizado el 12,4% del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo.
- De 598 municipios proyectados, apenas 141 cuentan con catastro actualizado, muy lejos del objetivo del 70% del territorio nacional.
La Procuradora destacó que, aunque el Fondo de Tierras reporta 2.366.550 hectáreas, la cifra incluye terrenos sin caracterización adecuada y carece de delimitación clara entre predios destinados a adjudicación y formalización. Bajo un criterio riguroso, solo el 0.001% de los predios están libres de ocupación.
Migración de registros: otro desafío
La situación es similar en el sistema de registro de tierras, donde de los 6 millones de registros históricos, solo el 21% han sido migrados a las nuevas plataformas. Este retraso complica aún más los procesos de clarificación y formalización de la propiedad rural.
Cabello reconoció algunos avances, como la jurisdicción agraria, pero subrayó que los jueces agrarios requieren competencias claras y específicas para garantizar reglas diferenciadas que respondan a las necesidades del sector rural.
