La protesta social en los cuatro peajes de las vías concesionadas del Meta, cumple 76 días sin solución a la vista. La vía que conecta Restrepo con Villavicencio ha sido el principal punto de confrontación, donde la comunidad denuncia que los cobros realizados en los peajes son ilegales. Los manifestantes aseguran que estos puntos de peaje no deberían existir, argumentando falta de transparencia en las concesiones y en la regulación de las tarifas.
En respuesta a la creciente tensión, la Asamblea del Meta ha convocado una audiencia pública, en la que se espera la presencia de la ministra de Transporte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los gerentes de las concesionarias Coviandina, Covioriente y Vial de los Llanos. El objetivo de esta audiencia será debatir y buscar una solución definitiva a las problemáticas que enfrentan los habitantes afectados.
Desde el inicio de las manifestaciones, los comerciantes y transportadores han expresado su preocupación por los efectos negativos en la economía local. Las largas filas y los retrasos en las carreteras han afectado el transporte de bienes esenciales hacia Villavicencio y otros municipios cercanos. Los habitantes insisten en que los peajes no solo son costosos, sino que también carecen de una justificación técnica y jurídica que los respalde.
Durante estos más de dos meses de protesta, las concesionarias han intentado llegar a acuerdos con los manifestantes, pero estos han sido rechazados por la comunidad, que demanda la eliminación total de los peajes. Las autoridades locales se han mostrado abiertas al diálogo, pero la ausencia de soluciones concretas ha generado un clima de creciente frustración entre los manifestantes.
La próxima audiencia pública se presenta como una oportunidad clave para buscar consensos y establecer un plan de acción que permita normalizar el tránsito en la región. De no lograrse avances significativos, la situación podría escalar aún más, generando un impacto negativo en la región a nivel económico y social. Las comunidades del Meta esperan que las concesionarias y el gobierno atiendan sus demandas para evitar una crisis mayor.
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