La vía al Llano completa ya varias semanas cerrada por el deslizamiento que mantiene incomunicada a la Orinoquía con el centro del país. El cierre ha generado un colapso en la movilidad, el comercio y la economía regional, mientras los llaneros sienten que ni la concesión, ni la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ni el Gobierno Nacional han dado respuestas concretas.
El corredor vial, catalogado como de importancia nacional, está bajo responsabilidad de la concesión Coviandina, controlada por la ANI, entidad adscrita al Ministerio de Transporte. Sin embargo, los puntos críticos que desde hace años amenazan la estabilidad de la vía no han sido atendidos, y cuando ocurre una emergencia como la actual, el peso de las pérdidas lo asumen los transportadores, comerciantes, productores y ciudadanos de los Llanos.
Mientras la concesión mantiene vigente el contrato de operación y recauda peajes, no existe claridad sobre las pólizas de cumplimiento o los mecanismos de contingencia que deberían activarse ante estas emergencias. En la práctica, las ganancias continúan para la concesión, mientras que las pérdidas recaen sobre la región. No hay equipos especializados ni planes de choque que permitan atender de manera inmediata los deslizamientos. El Gobierno Nacional informó que hasta ahora se han recogido cerca de 8.500 millones de pesos, cuando se requieren al menos 12.500 millones para intervenir el punto crítico. Sin embargo, no se ha avanzado en soluciones estructurales y la vía sigue cerrada.
El malestar aumenta entre los habitantes y empresarios de los Llanos, quienes aseguran que el presidente Gustavo Petro no ha incluido este tema en su agenda, a pesar de que la situación golpea a toda la Orinoquía. La ministra de Transporte, oriunda de la región, tampoco ha logrado dar respuestas de fondo. El silencio del Ejecutivo contrasta con las voces que reclaman un trato más justo para este corredor que conecta a Meta, Casanare, Guaviare, Arauca y Vichada con el centro del país.
Las pérdidas económicas son considerables. Los transportadores reportan que cada día se dejan de movilizar miles de toneladas de alimentos, combustibles y materias primas. El sector agropecuario calcula que los productores han perdido más de 50 mil millones de pesos en cosechas que no pueden salir hacia Bogotá y otros mercados. Los empresarios del turismo afirman que el cierre ha reducido en más del 70 % la llegada de visitantes, mientras hoteles y restaurantes en Villavicencio y municipios aledaños trabajan a menos del 30 % de su capacidad. Los gremios del comercio indican que, en conjunto, la economía de la región ya acumula pérdidas cercanas a los 500 mil millones de pesos desde que inició el cierre.
En medio de este panorama, los ciudadanos sienten que el Estado les da la espalda. La falta de un grupo de reacción inmediata para atender emergencias de este tipo refleja la ausencia de planeación frente a fenómenos naturales cada vez más frecuentes, asociados al cambio climático. El Ministerio de Transporte y la ANI no han presentado un plan de contingencia ni han instalado un equipo permanente en la zona para atender los deslizamientos y habilitar la movilidad.
La situación de la vía al Llano pone de nuevo en evidencia la fragilidad de la infraestructura nacional y la desprotección de una región estratégica. Los llaneros reclaman que se impongan obligaciones reales a la concesión, que se activen pólizas de cumplimiento y que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de garantizar la conectividad con el resto del país. Mientras tanto, el cierre sigue, los costos aumentan y la región permanece aislada.
