El Gobierno Nacional ha asignado recursos para la seguridad de delegados del ELN y de las disidencias de las Farc que participan en los diálogos de paz, mientras alcaldes y líderes sociales advierten que no cuentan con protección suficiente frente a la violencia en sus territorios.
De acuerdo con información publicada por Semana y documentos oficiales revisados por ese medio, los representantes de los grupos armados han recibido vehículos, combustible y escoltas financiados con recursos estatales, principalmente del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
En 2024, seis delegados del ELN accedieron a siete vehículos cuyo arriendo mensual sumó 106.836.925 pesos, junto con 7.981.370 pesos en gasolina y 15 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre ellos, alias Antonio recibió dos vehículos y dos escoltas, mientras alias Violeta contó con combustible y un guardaespaldas.
Las disidencias de las Farc también fueron beneficiadas con diez camionetas, cuyo arrendamiento mensual ascendió a 199.448.324 pesos, bonos de combustible por 9.040.158 pesos y la protección de 25 escoltas. Alias Andrey recibió dos camionetas, combustible y cuatro escoltas, y alias Calarcá una camioneta, combustible y tres escoltas.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene la responsabilidad de definir los beneficiarios y elaborar informes mensuales sobre quiénes continúan activos en los procesos de negociación y deben seguir protegidos.
En total, el Gobierno ha destinado 6.050 millones de pesos del Fondo de Programas Especiales para la Paz y la UNP aportará recursos en especie por 467.762.510 pesos.
La UNP reconoció que enfrenta una crisis en su capacidad de respuesta, debido al aumento de solicitudes de protección por parte de líderes sociales, alcaldes, parlamentarios y candidatos. El director de la entidad, Augusto Rodríguez, señaló que la flota de vehículos blindados y el número de escoltas no son suficientes para atender la demanda actual.
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