El presidente rechazó las versiones sobre una posible judicialización de sus ministros y reiteró su respaldo al decreto que convocaba a las urnas.
Bogotá, 19 de junio de 2025. El presidente Gustavo Petro volvió a defender el decreto que convocaba a una consulta popular nacional —suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado— y criticó a medios de comunicación que han difundido versiones sobre una eventual responsabilidad penal de los ministros que firmaron dicho documento.
Desde su cuenta en la red social X, el mandatario escribió: “Le solicito al señor Ardila dejar de amenazar a mi gobierno. Si el decreto de consulta popular es declarado nulo, simplemente queda nula la juridicidad que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991”.
Reacción a versiones judiciales
La declaración del jefe de Estado surge luego de que el medio La FM publicara una nota, con información atribuida a la periodista D’arcy Quinn, en la que se plantea la posibilidad de que los ministros firmantes del decreto enfrenten consecuencias legales si la Corte Constitucional lo declara nulo.
Según el artículo citado, si se demuestra que el presidente y su gabinete eran conscientes de una presunta ilegalidad del acto administrativo, podrían enfrentarse a cargos por prevaricato, abuso de función pública o usurpación de funciones.
Entre los ministros señalados se encuentran los que suscribieron el Decreto 0639 de 2025, con excepción de quienes delegaron la firma en viceministros o no estaban posesionados al momento de la firma, como el ministro de Minas, Edwin Palma; la ministra de Ambiente; la canciller Laura Sarabia; y Luis Eduardo Montealegre, quien redactó el texto antes de asumir oficialmente como ministro de Justicia.
Contexto de la controversia
El decreto fue emitido por el Gobierno nacional tras el hundimiento inicial de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. La propuesta fue posteriormente revivida y aprobada en plenaria del Senado el 17 de junio.
Sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto, mientras se resuelve de fondo su legalidad en la Corte Constitucional. Mientras tanto, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que no se convocará a las urnas hasta tanto no se verifique la viabilidad del mecanismo.
La decisión del registrador también generó reacciones dentro del Ejecutivo. El presidente Petro calificó esa postura como un acto de “sedición” e insistió en que el proceso de consulta está sustentado en el derecho ciudadano a pronunciarse sobre reformas estructurales.
Posible retiro del decreto
El futuro del decreto estaría condicionado al avance de la reforma laboral en el Congreso. El presidente Petro ha manifestado públicamente que si el proyecto es aprobado en su mayoría, tal como fue radicado, retiraría la convocatoria a consulta.
La plenaria de la Cámara de Representantes votará la conciliación del texto este viernes 20 de junio, lo que marcaría un punto decisivo en el trámite legislativo y en la continuidad del decreto.
