Colombia enfrenta una deuda de 1,3 billones de pesos tras un fallo de un tribunal internacional que resolvió un litigio sobre el proyecto del Perimetral de Oriente 1. Este fallo, desfavorable para la nación, se fundamenta en las dificultades que tuvo el concesionario para completar la obra debido a problemas ambientales ignorados en la etapa inicial del contrato.
El proyecto, adjudicado en 2014 a un consorcio liderado por la empresa israelí Shikun & Binui y el fondo británico Infrared Capital Partners, debía conectar Sesquilé, en Cundinamarca, con Villavicencio. Sin embargo, la obra enfrentó problemas cuando intentó avanzar en una zona con 70 manantiales protegidos, requiriendo licencias ambientales que no se habían contemplado. Esto detuvo el proyecto en 2020, con un avance del 43%.
El consorcio demandó al Estado colombiano argumentando incumplimientos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Aunque se intentaron negociaciones, no se logró reactivar la obra ni evitar el arbitraje. El tribunal determinó que el Estado debía compensar económicamente a los concesionarios y autorizó la terminación anticipada del contrato.
Este fallo evidencia la importancia de planificar proyectos de infraestructura de manera integral, considerando factores técnicos, legales y ambientales. También subraya la necesidad de fortalecer los procesos de contratación y supervisión para evitar futuros litigios costosos.
