La crisis fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la ley de financiamiento impactará severamente a entidades autónomas como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Según reveló El Tiempo, se congelará el 88% del rubro de inversión de la Defensoría, afectando un presupuesto total de $12 billones.
En el caso de la Procuraduría, los recortes son igualmente drásticos: de los $85.000 millones asignados inicialmente para inversiones, solo se desembolsarán $10.700 millones, es decir, apenas un 9% del presupuesto total. Estos fondos ya estaban comprometidos para inversiones en tecnología, logística y otros proyectos estratégicos.
El Gobierno emitió el 18 de diciembre el decreto del Presupuesto General de la Nación para 2025, con un valor total de $511 billones, aunque el gasto planeado era de $523 billones, obligando a realizar ajustes adicionales.
Estas medidas han generado preocupación en ambas entidades, ya que los recortes comprometen su capacidad operativa y podrían dificultar el cumplimiento de sus misiones constitucionales.
