El congresista David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico, se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de presuntas irregularidades en su gestión. Según una columna reciente de Los Danieles, Racero estaría involucrado en un esquema de manejo cuestionable de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y en la solicitud de puestos en el Sena.
Las revelaciones incluyen mensajes de WhatsApp que sugieren que Racero recibía parte del salario de Estefanía Montoya, miembro de su equipo legislativo, y que, en al menos una ocasión, Montoya habría pagado su tarjeta de crédito. Estos detalles comprometen seriamente la imagen del congresista, quien hasta ahora no ha brindado una explicación clara.
Además, Leonardo García, otro asistente legislativo, habría estado trabajando en un minimercado Fruver propiedad de Racero, mientras su salario era pagado con fondos públicos. Según los correos electrónicos, García rendía cuentas sobre los ingresos del Fruver y gestionaba temas como la reposición de productos, lo que sugiere que parte de su labor en el Congreso estaba dedicada a fines personales del congresista.
Una de las acusaciones más graves está relacionada con la intervención de Racero en la asignación de contratos en el Sena. Comunicaciones reveladas recientemente muestran que Racero pidió la intervención de su tío, José Luis Mayorca, para gestionar puestos en el Sena. Mayorca, médico y político en el Cesar, ha sido vinculado anteriormente con manejos irregulares durante la presidencia de Racero en la Cámara. Tres personas contratadas durante su gestión habrían hecho aportes a la campaña de Mayorca para la Gobernación del Cesar.
David Racero ha prometido llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría para que lo investiguen penal y disciplinariamente, en un intento por esclarecer los hechos. Sin embargo, las comunicaciones reveladas hasta ahora dejan dudas sobre su conducta y el manejo de su equipo legislativo.
Este escándalo supone un golpe a la credibilidad del congresista, quien en el pasado había sido visto como una figura intachable dentro del Pacto Histórico. Ahora, las acusaciones ponen en duda su transparencia y el uso de su posición de poder.