El Consejo de Estado aceptó la demanda presentada por la congresista Katherine Miranda contra la resolución presidencial que designa a 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz. El judicial se centra en la supuesta participación de algunos designados en delitos graves, incluido Hernán Giraldo, alias ‘Taladro’, señalado por abusos sexuales contra recurso menores de edad.
La decisión de admitir la demanda fue anunciada mediante auto oficial, en el que se explica que se estudiará la Resolución 453 de noviembre de 2024, emitida por la Presidencia de la República. Este documento nombra a los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en roles que buscan avanzar en los diálogos de paz.
La procuradora general, Margarita Cabello, calificó el nombramiento de Giraldo como “inadmisible” y señaló que representa una revictimización para las víctimas del conflicto. “De depredador sexual a gestor de paz, esta designación revictimiza y ofende”, afirmó.
Por su parte, los exparamilitares aceptaron los cargos asignados y, mediante una carta, reafirmaron su compromiso con los esfuerzos del Gobierno para mantener los diálogos de paz con guerrillas y otros actores armados del país.
La demanda de Miranda subraya que la política de paz total debe priorizar la reparación a las víctimas y no permitir que personas con antecedentes graves ocupen cargos públicos que comprometan la ética y el bienestar social.
El Consejo de Estado evaluará los argumentos presentados, lo que podría derivar en una anulación de las designaciones. Mientras tanto, el debate sobre los límites éticos y legales de la política de paz total se intensifica, marcando un momento crucial para la estrategia del Gobierno.
