La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de designar a 18 exjefes paramilitares, incluyendo figuras controvertidas como Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, como gestores de paz ha desatado una tormenta política en Colombia. El anuncio, justificado por el gobierno como un paso hacia la reconciliación y la reparación de víctimas, ha sido severamente criticado por líderes políticos, defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los más vehementes al atacar la medida. En declaraciones a los medios, expresó: “Si Pablo Escobar viviera, este gobierno también lo hubiera nombrado gestor de paz”. Rendón acusó al Ejecutivo de ignorar los principios de verdad, justicia y reparación, afirmando que muchos de los exjefes paramilitares designados no han cumplido con los compromisos adquiridos en procesos judiciales previos. “Estamos dándole nuevas oportunidades a quienes han demostrado desprecio por las instituciones y las víctimas”, añadió.
Críticas desde otros sectores:
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la designación como un mensaje equivocado hacia las víctimas y el país. Recordó que algunos de los designados, como “Jorge 40” y “El Taladro”, han sido responsables de crímenes atroces como desplazamientos forzados, masacres, violaciones y reclutamiento de menores. “¿Qué garantías hay de que esta vez sí contribuirán a la paz?”, cuestionó Marín, exigiendo un monitoreo estricto y compromisos concretos de los designados.
La controversia también se extiende al simbolismo de la decisión, ya que muchos consideran que pone en riesgo la credibilidad de la justicia transicional y podría revictimizar a quienes sufrieron la violencia paramilitar.
La respuesta de Petro:
El presidente Gustavo Petro defendió su decisión asegurando que “ser gestor de paz no otorga beneficios jurídicos ni reduce las penas de cárcel”, y explicó que el objetivo es avanzar en procesos que quedaron inconclusos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según Petro, los bienes prometidos por los paramilitares no fueron entregados a las víctimas, y la verdad histórica quedó incompleta debido a las extradiciones de líderes como Salvatore Mancuso.
“No estamos premiando a nadie, estamos otorgándoles una responsabilidad. Es momento de que contribuyan a desmantelar estructuras de violencia y a reparar a las víctimas”, afirmó el mandatario.
