El Consejo Nacional Electoral abre investigación contra la campaña de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en financiación

El CNE investigará la campaña presidencial de Petro por supuesta omisión de reportes financieros, afectando el límite de gastos.

lenguaensalsa

octubre 8, 2024

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, en su sesión del 8 de octubre de 2024, abrir una investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato por la Coalición Pacto Histórico, por la presunta violación del régimen de financiación electoral. Esta decisión incluye tanto la primera como la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La investigación también abarca a otros actores clave de la campaña, como el gerente Ricardo Roa Barragán, la tesorera María Lucy Soto Caro, y los auditores Juan Carlos Lemus Gómez y Lucy Aydeé Mogollón Alfonso. Además, las organizaciones políticas Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica están bajo la lupa del CNE por su vinculación en el caso. Los cargos se refieren principalmente a la omisión de reportes financieros en montos millonarios.

En su resolución, el CNE detalla que la campaña habría omitido el reporte de un aporte de quinientos millones de pesos (M/CTE $500.000.000) proveniente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). Además, se detectó que tampoco se informó sobre un préstamo de quinientos millones de pesos otorgado por el Partido Polo Democrático Alternativo, y el pago a testigos electorales por más de novecientos millones de pesos.

Estas omisiones financieras, junto a otros gastos de propaganda que suman más de trescientos millones de pesos, habrían llevado a un exceso en el límite de gastos permitido para la primera vuelta electoral, que alcanzó los $3.709.361.342.

Este proceso de investigación se realiza bajo el marco de la Ley 1475 de 2011 y la Resolución 0694 de 2022. De ser confirmadas estas irregularidades, las consecuencias podrían afectar seriamente tanto a los implicados como a la estabilidad política del partido. Además, este caso reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia, lo que podría derivar en reformas electorales futuras.

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