En el marco de la reforma a la justicia, los ponentes de la Comisión Primera del Senado alcanzaron un acuerdo sobre varios aspectos clave del proyecto, destacando la eliminación del artículo 7, que proponía beneficios de rebaja de penas para quienes cometieran delitos graves contra menores de edad. La decisión fue liderada por los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), quienes coincidieron en que ofrecer reducciones de penas en estos casos sería incompatible con la gravedad de los crímenes involucrados.
El senador Carlos Fernando Motoa explicó que la eliminación de este artículo responde a la necesidad de asegurar que personas condenadas por delitos atroces contra menores no puedan acceder a beneficios judiciales, aun cuando colaboren o acepten cargos. “La reforma debe garantizar justicia efectiva y proteger a los menores de edad de manera contundente”, afirmó el senador.
Además de esta modificación, los senadores introdujeron otras disposiciones importantes en la ponencia. Entre ellas, se encuentra la prohibición de extinción de la acción penal para reincidentes que hayan delinquido en los últimos cinco años, una medida orientada a combatir la reincidencia en el crimen y fortalecer la efectividad de las condenas.
La reforma también introduce modificaciones en casos de extorsión, secuestro y financiación del terrorismo. En estos delitos, se contempla la posibilidad de reducción de penas bajo el principio de oportunidad, siempre que la colaboración del acusado con la Fiscalía sea eficaz y contribuya a desmantelar redes criminales. Esta medida busca apoyar investigaciones y reducir la incidencia de estos delitos en el país.
Otra medida importante acordada es el uso de la captura en flagrancia y de la prueba anticipada en los juicios penales. Los ponentes aseguran que estas herramientas permitirán agilizar los procesos, evitando dilaciones y contribuyendo a un sistema judicial más rápido y eficiente.
Motoa también informó que la ponencia de esta reforma a la justicia se radicará en los próximos días y se espera que el debate inicie en el Congreso la próxima semana. La eliminación del artículo 7 ha sido vista como una medida en favor de la protección de los menores y un paso clave hacia una justicia más justa y efectiva en Colombia.
