Bogotá, 10 de octubre de 2024. El presidente Gustavo Petro encendió la polémica política al acusar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de orquestar un “golpe parlamentario” contra su mandato. Las declaraciones de Petro se dieron tras la decisión del CNE de formularle cargos por supuestamente haber sobrepasado los topes de su campaña presidencial, un proceso que, según el mandatario, carece de fundamentos legales.
“Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario”, afirmó Petro a través de su cuenta de X (antes Twitter). Según el presidente, no se le está acusando de un delito que haya cometido, sino que se le pretende juzgar por “indignidad” sin que haya pruebas de sobrepasar los topes de financiación de su campaña.
La referencia de Petro a un “golpe parlamentario” apunta a lo que pueda ocurrir en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se decidirá si el caso avanza hacia el Senado, que tendría la última palabra sobre una eventual destitución del mandatario. Petro también sugirió que esta estrategia estaría orquestada por figuras políticas como Néstor Humberto Martínez, copartidario del presidente del CNE, César Lorduy, y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Respuestas de los magistrados
La respuesta desde el CNE no se hizo esperar. La magistrada Maritza Martínez, quien ha estado en el centro de la polémica debido a las acusaciones de Petro sobre presuntos vínculos de su esposo con el paramilitarismo, también reaccionó. Martínez, visiblemente afectada, negó tajantemente las declaraciones del presidente y aseguró que su esposo, el exgobernador del Meta Luis Carlos Torres, nunca fue paramilitar, ni ha sido procesado o condenado por vínculos con estos grupos armados.
“Mi esposo nunca fue paramilitar, y el presidente me falta al respeto con esas afirmaciones”, dijo Martínez en una entrevista radial. Según la magistrada, las acusaciones del presidente han generado un clima de hostilidad hacia su persona y han derivado en amenazas y agresiones que ponen en riesgo la seguridad de su familia.
“Lo que el presidente ha dicho es absolutamente falso. Estas palabras han provocado un clima de agresiones que podría poner en riesgo mi seguridad”, agregó Martínez, quien también acusó a Petro de ejercer “violencia simbólica” al descalificar su trabajo y reducir su identidad a su relación matrimonial.
Lorduy niega las acusaciones
Otro protagonista en este tenso cruce de acusaciones es el presidente del CNE, César Lorduy, quien fue aludido por el presidente Petro en relación con un antiguo caso de asesinato ocurrido en 1979. Según Petro, Lorduy estuvo vinculado a la muerte de una compañera de trabajo, pero nunca fue condenado.
Lorduy aclaró que el hecho en cuestión fue un accidente en el que no tuvo responsabilidad alguna. “Ni era mi novia ni la maté”, afirmó Lorduy en una entrevista radial, explicando que el arma que causó la muerte de su compañera se disparó accidentalmente cuando otro senador la manipulaba.
“Fui sobreseído definitivamente de este caso, no hubo pruebas que me vincularan a ese trágico accidente”, agregó Lorduy, visiblemente molesto por lo que considera un intento de “manchar su honorabilidad”.
El enfrentamiento entre Petro y el CNE ha provocado un clima de incertidumbre política en el país. Mientras las investigaciones en la Comisión de Acusaciones avanzan, muchos se preguntan si este proceso derivará en un juicio en el Senado que podría culminar con la salida del presidente de su cargo.
El debate sobre la legalidad de los cargos formulados por el CNE y las fuertes respuestas de los magistrados Martínez y Lorduy no solo reflejan la creciente polarización política en Colombia, sino que también ponen en el centro del debate la independencia de los órganos electorales y la credibilidad del proceso democrático.
