En un mensaje a través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro manifestó su respaldo al proyecto de reforma constitucional que está siendo discutido en el Congreso para modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, la distribución de recursos nacionales hacia los municipios. El mandatario señaló que su apoyo está condicionado a cinco puntos clave que buscan asegurar una implementación gradual y responsable de la reforma.
Petro enfatizó la necesidad de que el aumento del 26% al 46% de los ingresos corrientes destinados a los municipios sea gradual, y se realice bajo el marco de una ley de competencias que transfiera funciones de la nación a los gobiernos locales sin incrementar el déficit fiscal. Además, propuso que la nueva fórmula de reparto priorice el cierre de brechas entre las regiones más excluidas para promover la paz.
Entre las condiciones expuestas, Petro destacó la importancia de que el aumento de competencias en salud garantice la cobertura total del sistema de salud primaria y, en el área educativa, se incluyan tres años de preescolar, una jornada única escolar y dos años de educación superior gratuita en colegios de nivel medio. “El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, subrayó el presidente.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, expresó su preocupación por las implicaciones fiscales de la reforma. Según Valencia, la medida dejaría un hueco fiscal de 577 billones de pesos en los próximos diez años, una cifra que calificó de alarmante y que, según ella, no ha sido debidamente abordada en el debate legislativo. Además, advirtió que la reforma tiene un trasfondo político, acusando al gobierno de promoverla para beneficiar a Fecode, el sindicato de educadores. “Es una irresponsabilidad fiscal aprobar este proyecto”, afirmó Valencia.
La polarización sobre este proyecto refleja las diferencias en la visión de descentralización y manejo fiscal que existen en el Congreso. Mientras Petro busca fortalecer el poder local para avanzar en la equidad y el desarrollo regional, críticos como Valencia temen que estas medidas puedan desestabilizar las finanzas públicas y ser utilizadas con fines políticos.
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