El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha respondido a las fuertes críticas lanzadas por la senadora Angélica Lozano y el registrador nacional Hernán Penagos sobre el significativo recorte del 77,4% en el presupuesto asignado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para el año 2025. Lozano, del partido Alianza Verde, advirtió que esta reducción compromete seriamente la preparación de las elecciones de 2026, ya que la contratación de tecnología y logística debe iniciar un año antes, en 2025. A estas preocupaciones se sumó Penagos, quien cuestionó la autonomía e imparcialidad de los organismos electorales al depender del presupuesto asignado por el Gobierno.
En respuesta, el ministro Bonilla aclaró que los recursos asignados a la Registraduría “están garantizados” y que no se ha retirado ningún fondo, sino que se ha optado por una redistribución de los mismos. Según explicó, los recursos fueron inicialmente asignados y luego transferidos a la “bolsa” del Ministerio de Hacienda para su posterior distribución conforme a las necesidades de la entidad. Bonilla defendió este mecanismo como un procedimiento expedito y legal que se ha utilizado en el pasado, y aseguró que los recursos se entregarán según las solicitudes del registrador en cada momento.
Sin embargo, Lozano no tardó en responder a las declaraciones del ministro, calificando la situación como un ataque directo a la democracia. Según la senadora, el recorte no fue un error administrativo, sino una decisión intencionada que pone en riesgo la transparencia de las próximas elecciones. “Ayer, Jairo Bautista, el director de Presupuesto Público Nacional, me admitió en una llamada que no se trataba de un error. ‘Puede ser polémico’, me dijo. Polémico es poco. Es altamente riesgoso para la democracia”, afirmó Lozano, aumentando la tensión en el debate sobre la asignación de recursos para entidades clave como la Registraduría.
El presupuesto propuesto para 2025, que asciende a $523 billones, se encuentra en pleno proceso de discusión en el Congreso, con el primer debate programado para los próximos días. Además de la Registraduría, otras entidades como el Consejo Nacional Electoral y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares también enfrentarán reducciones significativas en sus recursos, mientras que ministerios como el de Cultura y Hacienda verán aumentos en sus partidas.
Esta polémica ha encendido el debate sobre la independencia de las entidades encargadas de velar por la transparencia electoral en Colombia y ha planteado interrogantes sobre la preparación del país para los comicios de 2026. La preocupación de los sectores políticos y sociales crece ante la posibilidad de que este recorte presupuestal pueda afectar la confianza en el sistema electoral y en la capacidad de la Registraduría para llevar a cabo elecciones justas y transparentes.
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