La controversia política se intensifica en Colombia tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien afirmó en alocución presidencial que convocará una consulta popular mediante decreto, desconociendo la decisión del Congreso de archivar el proyecto el pasado 14 de mayo.
“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, sostuvo el mandatario, en referencia al trámite legislativo que impidió avanzar con la iniciativa.
La reacción de los sectores políticos no se hizo esperar. Ocho partidos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Liberal, La U y ASI— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron de forma categórica la intención presidencial. Titularon su pronunciamiento con una advertencia: “La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”.
En el texto, los partidos acusan al Gobierno de actuar de manera unilateral e inconstitucional, y solicitan a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los entes electorales— que intervengan conforme al principio de legalidad y con total independencia.
Particularmente, hacen un llamado al Registrador Nacional del Estado Civil para que, en caso de que el decreto se expida, evalúe con rigor la legalidad y legitimidad de la convocatoria antes de fijar cualquier calendario electoral.
Los partidos señalan que la convocatoria ignoraría no solo la decisión del Congreso, sino también una determinación reciente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ratificó que el archivo de la consulta en el Senado fue un “acto definitivo”.
“Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, señalan.
Además, expresaron su preocupación por lo que consideran un uso instrumental de las causas sociales y un deterioro progresivo del orden constitucional. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho”, concluyen.
kampungbet
