Una nueva controversia ha surgido en torno al presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde. En esta ocasión, el motivo de crítica es la contratación de su hermano, el contador Juan Carlos Salamanca Torres, en múltiples entidades estatales. La denuncia más reciente apunta a un contrato que Salamanca Torres firmó el pasado 7 de noviembre con el Senado de la República, donde recibirá $17 millones por menos de dos meses de servicios en el área de contabilidad. Dicha contratación ha despertado suspicacias sobre un presunto tráfico de influencias.
Este contrato es solo uno de varios en los que ha participado el hermano del congresista. En 2023, obtuvo otros dos contratos con el Icetex, por un valor acumulado de $68 millones. Según algunas denuncias, durante la gestión del exdirector Mauricio Toro, el Icetex se convirtió en un foco de cuotas políticas de congresistas de la Alianza Verde, lo que resultó en la destitución de la secretaria general de la entidad y la renuncia de Toro.
Además de su vinculación con el Icetex y el Senado, el hermano del congresista ha trabajado con otras entidades del gobierno de Boyacá, departamento liderado por el círculo político del exgobernador Carlos Amaya, cercano a Jaime Raúl Salamanca. Entre estos contratos se incluye un convenio de $16 millones con la Gobernación de Boyacá y contratos adicionales con la Nueva Licorera de Boyacá y el Instituto Departamental de Deportes del departamento, que suman más de $35 millones en vigencia hasta finales de 2024.
Esta seguidilla de contratos familiares ha motivado una demanda en la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, en la cual se acusa a Jaime Raúl Salamanca y a otros miembros de la Alianza Verde de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Las acusaciones surgieron tras declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que congresistas de la Alianza Verde mantienen representación burocrática en el actual gobierno de Gustavo Petro.
Por otro lado, Salamanca enfrenta denuncias de presunta violencia política y machismo, especialmente por parte de la representante Catherine Juvinao, quien acusa al congresista de silenciar las intervenciones de varias legisladoras en el Congreso. Juvinao ha anunciado que llevará este caso a la Procuraduría General de la Nación para iniciar un proceso formal.
