En un acalorado debate de control político en el Senado, el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, expuso graves denuncias sobre la presunta malversación de 100 billones de pesos durante la atención de la pandemia de COVID-19 bajo la administración del expresidente Iván Duque. Según Correa, se contrataron empresas no idóneas, incluso algunas dedicadas a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, para suministrar insumos médicos esenciales, lo que ha generado una fuerte controversia en el país.
El senador detalló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de gestionar parte de los recursos destinados a la emergencia sanitaria, habría adjudicado contratos a empresas sin experiencia en el sector salud. “Se compraron batas blancas a una empresa que reparaba vehículos, y se importaron millones de tapabocas desde China, cuando las familias colombianas esperaban que el Estado les proveyera estos elementos de protección”, afirmó Correa. También señaló que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) realizó contratos por más de 40 billones de pesos entre 2020 y 2021, sin esclarecer el destino de 9.8 billones y otros 20 billones asignados a la atención en salud.

Ante la gravedad de las denuncias, el presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a llevar a cabo una investigación exhaustiva de la UNGRD desde su fundación. Además, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo de élite denominado “Ruta del Dinero de la Salud” para rastrear el paradero de estos recursos.
La senadora Clara López también expresó su indignación, exigiendo que “la corrupción debe ser sancionada por la sociedad y la justicia, venga de donde venga”. Por su parte, el expresidente Iván Duque, a través de su perfil en la red social X, desmintió las acusaciones, afirmando que el total de gastos durante la pandemia ascendió a 44 billones de pesos, de los cuales solo 9 billones fueron gestionados por la UNGRD, mientras el resto se destinó a programas sociales como el Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).
Duque calificó las acusaciones como parte de una estrategia de desinformación y subrayó que la Subcuenta Covid manejó 6.5 billones de pesos, destinados a la compra de vacunas y equipos de protección, todo sin escándalos y de manera eficiente.
Funcionarios del actual gobierno también se pronunciaron. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), reaccionó afirmando: “No alcanzamos ni a imaginar lo que se robaron durante la pandemia. La verdad apenas empieza a salir a la luz”. María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico, enfatizó la gravedad del asunto y pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen con diligencia.

Este escándalo ha generado un fuerte debate en la opinión pública, que exige claridad y justicia en el manejo de los recursos destinados a la pandemia, en un momento en que el país enfrenta las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.
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