En un nuevo episodio del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, fue enviada a prisión por orden de la juez tercera penal municipal con función de Control de Garantías de Bogotá. Ortiz se convierte en la primera mujer judicializada por este caso.
La juez determinó que existen suficientes pruebas que vinculan a Ortiz con los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en el marco del desvío de recursos de la UNGRD. Entre los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación se incluyen conversaciones de WhatsApp, videos, datos de georreferenciación y declaraciones de escoltas y otros implicados, que sugieren su participación en el transporte de 3.000 millones de pesos a la residencia del exsenador Iván Name.
La trama del escándalo
Según la Fiscalía, Ortiz transportó el dinero en un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en una operación que buscaba financiar la campaña política de María Clara Name, hija de Iván Name, al Concejo de Bogotá. La fiscal María Cristina Patiño destacó que Ortiz actuó como “mensajera” en esta red de corrupción, la cual habría involucrado a altos funcionarios como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y a Olmedo López, exdirector de la UNGRD.
Además, las investigaciones revelaron que la reunión clave para pactar esta operación ocurrió el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde se habría acordado el desvío de un contrato del Atlántico por 11.000 millones de pesos, destinando parte de esos recursos al senador Name.
Impacto judicial
Con esta decisión, Ortiz se suma a una lista de siete procesados por el caso, incluyendo a Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros altos funcionarios. La juez dispuso su reclusión en el centro penitenciario El Buen Pastor, mientras avanza el proceso judicial.
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