La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de $36 millones al exalcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa Rozo, por no haber cobrado el impuesto de plusvalía al inicio de su mandato en 2016. Esta multa equivale a tres meses de su salario como alcalde en esa época, según lo estipulado por el organismo de control.
Barbosa, actualmente diputado de la Asamblea Departamental del Meta, explicó que la sanción inicial contemplaba una suspensión en el ejercicio de sus funciones como alcalde. Sin embargo, dado que su periodo constitucional (2016-2019) ya concluyó, dicha suspensión fue convertida en una sanción económica.
El origen de esta sanción radica en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en diciembre de 2015, bajo la administración de su predecesor, Juan Guillermo Zuluaga. De acuerdo con la normativa, Barbosa estaba obligado a aplicar el impuesto de plusvalía a los predios cuyos usos de suelo fueron modificados por el POT, lo cual no ocurrió durante los primeros días de su gestión.
Inicialmente, el exalcalde fue absuelto de responsabilidad disciplinaria en el primer fallo. Sin embargo, la decisión fue apelada por quienes promovieron el caso, y en una segunda instancia la Procuraduría decidió imponer la sanción pecuniaria.
A pesar de que Barbosa presentó todas las explicaciones pertinentes durante el proceso, la sanción fue ratificada. Según el exalcalde, su administración actuó conforme a los procedimientos que consideraba adecuados en ese momento, aunque aceptó la decisión final de la Procuraduría.