Defensa de Álvaro Uribe solicita recusación de fiscal a cargo de su juicio

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado una recusación formal contra la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, encargada del caso en el que se investigan presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. El abogado del exmandatario, Jaime Granados, argumentó que la fiscal tendría un posible impedimento debido a su vínculo profesional con el exfiscal general Eduardo Montealegre. Según la defensa, Orjuela Rodríguez trabajó bajo la dirección de Montealegre en 2012, cuando él la designó para manejar casos relacionados con desaparición y desplazamiento forzado dentro de la Unidad Nacional especializada en estos delitos. La…

lenguaensalsa

febrero 26, 2025

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado una recusación formal contra la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, encargada del caso en el que se investigan presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

El abogado del exmandatario, Jaime Granados, argumentó que la fiscal tendría un posible impedimento debido a su vínculo profesional con el exfiscal general Eduardo Montealegre. Según la defensa, Orjuela Rodríguez trabajó bajo la dirección de Montealegre en 2012, cuando él la designó para manejar casos relacionados con desaparición y desplazamiento forzado dentro de la Unidad Nacional especializada en estos delitos. La relación entre ambos, según Granados, podría comprometer la imparcialidad de la fiscal en el actual proceso.

La recusación se fundamenta en la Resolución 1295 de 2012, documento en el que Montealegre asignó a Orjuela el conocimiento exclusivo de ciertos casos vinculados con la parapolítica. La defensa de Uribe considera que esta conexión genera un conflicto de intereses, ya que Montealegre es actualmente una de las víctimas en el caso que se adelanta en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Granados señaló que la solicitud de recusación no tiene intención de retrasar el proceso, pues la normativa vigente establece que esta acción no suspende el curso del juicio. Asimismo, advirtió que el caso tiene un plazo de prescripción que vence en octubre de 2025, por lo que la defensa busca garantizar un desarrollo judicial sin cuestionamientos sobre la imparcialidad de la fiscal encargada.

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