La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra los exmagistrados del Tribunal Superior de VillavicencioFausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, señalados de favorecer a criminales a cambio de sobornos, dinero y dádivas.
La Sala Penal del alto tribunal ratificó las condenas por los delitos de prevaricato y cohecho, concluyendo que los entonces magistrados utilizaron su posición dentro de la justicia para beneficiar irregularmente a procesados en diferentes expedientes judiciales.
De acuerdo con la sentencia, los exfuncionarios intervinieron en al menos dos procesos penales y una acción de tutela, donde habrían emitido decisiones contrarias a la ley a cambio de pagos millonarios y otros beneficios.
Uno de los hechos más graves señalados por la Corte tiene relación con un supuesto acuerdo de soborno cercano a los 2.000 millones de pesos para favorecer a personas procesadas judicialmente. Entre los beneficiados mencionados dentro del expediente aparece Hernán Darío Giraldo Gaviria, así como Marbelly Sofía Jiménez Pérez, investigada por homicidio agravado y concierto para delinquir.
La decisión judicial también expone que los magistrados habrían aceptado fiestas, licor, comida y servicios sexuales como parte de las dádivas entregadas para manipular decisiones judiciales.
La Corte fue especialmente contundente al señalar que los exmagistrados “emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley” y calificó los hechos como “una verdadera venta simoníaca de la función pública”.
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales registrados en la región y golpeó fuertemente la imagen del sistema judicial en el Meta, debido al alto nivel de reconocimiento y poder que tenían los entonces magistrados dentro del departamento.
