Colombia está al borde de una crisis energética inminente debido a la acelerada disminución de sus reservas de gas y petróleo, según advirtió Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República, durante la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía realizada en Cartagena. El contralor pidió al Gobierno y a la industria adoptar medidas urgentes para incentivar la exploración de nuevos yacimientos, ya que los recientes descubrimientos, aunque esperanzadores, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia energética del país.
Las reservas de gas y petróleo están cayendo drásticamente, y aunque se han identificado campos en la Costa Caribe como Uchuva 2, Orca y Gorgón, Colombia tiene pocos años para revertir la tendencia. Rodríguez alertó que el país podría enfrentar un desabastecimiento energético si no se toman decisiones regulatorias adecuadas para incentivar la exploración. El contralor también expresó preocupación por el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que ha acumulado déficits recurrentes debido a la política de subsidios a los combustibles.
Las regalías están en riesgo. En 2023, Colombia recibió $9 billones por regalías, pero estas podrían reducirse drásticamente con el declive de la producción. Regiones como La Jagua de Ibirico, que dependen de estas regalías para financiar proyectos, ya están viendo los efectos adversos tras la salida de empresas como Prodeco, lo que ha dejado a 5.000 personas desempleadas.
La situación se agrava con la creciente importación de combustibles para suplir los faltantes internos, algo que amenaza la autosuficiencia energética de Colombia. Rodríguez advirtió que el país está en riesgo de un apagón debido a los retrasos en los nuevos proyectos de generación eléctrica y la escasez de gas, que pone una presión adicional sobre la red energética.
El contralor insistió en que la transición a energías renovables debe ser gradual y planificada, subrayando que el 70% de la energía de Colombia proviene de recursos hídricos, pero no se debe sacrificar la seguridad energética por una transición apresurada. Además, los proyectos financiados con regalías han tenido un impacto limitado, lo que requiere un fortalecimiento en la gestión territorial y participación comunitaria para garantizar que esos recursos generen beneficios reales.
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