Una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) fue emitida el pasado 16 de octubre, bajo la acusación de trata de personas agravada, según confirmó este lunes Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija.
La orden no ha sido ejecutada hasta el momento debido a diversos factores, entre ellos el desconocimiento del paradero del expresidente y los bloqueos de carreteras organizados por sus seguidores, que mantuvieron paralizado el centro del país durante 24 días. Estas movilizaciones han dificultado la labor de las autoridades, que buscan llevar adelante el proceso judicial.
“Hoy presentamos una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra por el delito de trata de personas agravado (…) Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, afirmó Gutiérrez a medios de comunicación locales.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública boliviana, dado el peso político de Morales, quien gobernó el país durante más de una década y continúa siendo una figura relevante para sectores del oficialismo. Los cargos presentados podrían abrir una nueva etapa de confrontación política y jurídica en Bolivia, mientras se espera que las autoridades judiciales definan el futuro del proceso.
El expresidente aún no se ha pronunciado oficialmente respecto a la orden de aprehensión, pero sus seguidores han denunciado lo que consideran una persecución política en su contra. Este caso podría tener implicaciones significativas en el panorama político del país, especialmente si se avanza con la audiencia cautelar.
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