El controvertido empresario Emilio Tapia, conocido por su participación en el escándalo del ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá, aceptó ser el autor intelectual del caso Centros Poblados, uno de los mayores casos de corrupción recientes en Colombia. Tapia firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando los cargos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público.
Como parte del acuerdo, Tapia será condenado a seis años y tres meses de prisión y deberá devolver $5.000 millones al Estado. Hasta la fecha, ha reintegrado $2.500 millones en efectivo y el resto será saldado con bienes ubicados en Medellín (Antioquia) y Girardot (Cundinamarca).
Durante la audiencia, Tapia afirmó: “Me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta que los delitos se cometen por acción y omisión”. El preacuerdo será sometido a consideración de un juez el próximo 18 de diciembre, quien decidirá si lo avala o no.
Este caso ha generado indignación nacional, no solo por los montos involucrados, sino por la reincidencia de Tapia, quien ya había sido condenado por corrupción en el pasado. El caso de Centros Poblados, que implicó un contrato fallido para llevar internet a zonas rurales, dejó un profundo impacto en las comunidades afectadas y cuestionamientos a los sistemas de vigilancia estatal.
