La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La audiencia judicial se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, fecha en la que también se evaluará la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Ortiz ha sido señalada por los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesos en sus actos de corrupción y ahora testigos clave en el caso. Según sus declaraciones, Ortiz habría actuado como intermediaria para canalizar más de 4 mil millones de pesos en sobornos dirigidos al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de votos en decisiones políticas.
La controversia incluye también la desaparición de dispositivos de almacenamiento asignados a los exasesores de Ortiz. En estos, se presumen evidencias clave sobre la operación delictiva. Además, se investiga una factura de hospedaje en un hotel donde Ortiz habría recibido los pagos ilícitos; un gasto inicialmente atribuido a la Presidencia pero del cual luego no se encontró registro oficial.
