hallan irregularidades por $160.000 millones en compra de tierras

Contraloría y Procuraduría advierten fallas en la gestión del Fondo de Tierras administrado por la ANT.

lenguaensalsa

diciembre 17, 2024

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General han detectado irregularidades por $160.132 millones en la gestión del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, administrado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La información fue revelada durante una audiencia técnica en la Corte Constitucional por Diego Alberto Ospina Guzmán, director de Vigilancia Fiscal del sector agropecuario.

La auditoría fiscal, que abarcó las vigencias 2022 a 2024 (corte a abril), identificó 14 hallazgos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 6 connotación fiscal. El informe destaca que $110.000 millones corresponden a 51 predios que, a pesar de haber sido adquiridos, no han sido destinados a su objetivo final: democratizar el acceso a la tierra en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.

La procuradora Margarita Cabello también alertó sobre la falta de caracterización adecuada de los predios del Fondo, que suma 2.4 millones de hectáreas. Señaló que:

  • El 40.93% de los predios tienen ocupaciones ilegales.
  • El 59% carece de información catastral.
  • Apenas 0.01% de los terrenos están libres de ocupaciones.

Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, reconoció que el Fondo presenta serios problemas administrativos. “El Fondo termina siendo un Excel sin depuración”, admitió Harman, quien explicó que hay 21.291 registros en total, de los cuales 1.5 millones de hectáreas requieren aclaración.

Fondo de Tierras y la Reforma Rural

El Fondo de Tierras es una pieza clave en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, que prometió entregar 3 millones de hectáreas en 12 años para facilitar el acceso a la tierra a campesinos sin recursos. Sin embargo, los hallazgos sugieren graves demoras y fallas en el procedimiento de compra directa y en la adjudicación de predios.

La Contraloría y Procuraduría hicieron un llamado urgente a la ANT para que mejore sus procesos de gestión y resuelva las inconsistencias, ya que las irregularidades representan no solo un riesgo fiscal, sino también un retroceso en los compromisos del posconflicto colombiano.

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