En una contundente movida judicial, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que rechace la solicitud de nulidad presentada por la defensa de exintegrantes de las Farc. Esta solicitud busca eliminar de la agenda judicial los casos de violencia sexual contra menores en el marco del conflicto armado, señalados dentro del macrocaso 002, que abarca las graves violaciones de derechos humanos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
La solicitud fue presentada en un documento de 27 páginas por la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, quien argumenta que aceptar la nulidad sería una grave violación a los derechos de las víctimas, especialmente niñas y adolescentes, víctimas de los horrores del conflicto armado. Jiménez enfatizó que la solicitud no es válida, ya que la imputación de los crímenes fue realizada bajo un proceso justo y ajustado al marco legal.
La defensa de los exguerrilleros sostiene que el Auto 5 de 2023, donde se agrupan estos crímenes bajo el Patrón 4 de violencia sexual y de género, vulnera el debido proceso de sus defendidos. Sin embargo, la Procuraduría es clara en que dicho auto no define responsabilidades específicas, sino que establece una priorización para la investigación de los delitos.
El caso se desarrolla en un contexto social y político complejo, donde Julián Gallo, congresista del partido Comunes y exintegrante de las Farc, es uno de los ponentes de una polémica reforma judicial que, de aprobarse, podría beneficiar a violadores de menores con rebajas de penas, generando rechazo entre defensores de los derechos de las víctimas y organizaciones sociales. Esta reforma ha despertado críticas debido a lo que algunos denominan como un ‘mico’ legislativo, que otorgaría beneficios a criminales de alto perfil.
La Procuraduría concluye que permitir una nulidad en estos casos iría en contra de los principios de verdad, justicia y reparación que rigen el sistema transicional en Colombia. El desenlace de esta solicitud ante la JEP será clave para determinar el futuro del tratamiento de estos crímenes dentro del proceso de paz.