El excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fallecido el pasado 2 de septiembre debido a un cáncer terminal con metástasis en el hígado, enfrentó en sus últimos meses de vida una polémica judicial que ahora sale a la luz. A pesar de su grave estado de salud, el Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, César Javier Valencia Caballero, hizo gestiones para que Hernández fuera encarcelado.
Según documentos obtenidos por Semana, el juez envió una carta al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) el 30 de marzo de 2024, solicitando información sobre si en Colombia existían cárceles con instalaciones adecuadas para albergar a personas con enfermedades terminales, como el caso de Hernández. En su misiva dirigida al director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Roa, el juez planteaba la necesidad de garantizar a Hernández un acceso oportuno a servicios de salud dentro de una prisión, en caso de ser condenado.
El excandidato presidencial, de 78 años, se encontraba en una unidad de cuidados intensivos en los dos meses previos a su fallecimiento, lo que había sido certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que calificó su estado de salud como crítico. A pesar de estos informes médicos, el juez Valencia Caballero impuso un plazo improrrogable de dos días para que el Inpec respondiera si contaba con las instalaciones adecuadas y los traslados médicos necesarios para un prisionero en las condiciones de Hernández.
Este hecho ha generado indignación en varios sectores, ya que la intención de encarcelar a una persona con un estado de salud tan delicado plantea serios cuestionamientos sobre la humanidad y el trato que deben recibir las personas gravemente enfermas en el sistema judicial y penitenciario.
Condición de salud ignorada
El caso de Rodolfo Hernández ha resaltado los dilemas éticos en torno a la detención de personas con enfermedades terminales. El Instituto Nacional de Medicina Legal había conceptuado que la salud del ingeniero santandereano no solo era crítica, sino que el cáncer había avanzado rápidamente, haciendo que su tratamiento fuera paliativo y no curativo. Aún así, el juez insistió en explorar opciones para detener al exalcalde, generando controversia entre sus seguidores y detractores.
La gestión del juez se produjo en medio de las investigaciones judiciales que aún seguían activas contra Hernández, relacionadas con presuntos delitos durante su periodo como alcalde de Bucaramanga. Sin embargo, su deteriorada salud lo mantuvo fuera de cualquier proceso judicial activo en los últimos meses de vida, lo que hizo que muchos consideraran que su detención en esas condiciones habría sido innecesaria y desproporcionada.
Impacto y consecuencias
El fallecimiento de Rodolfo Hernández marca el cierre de una etapa política y judicial para el excandidato, pero deja abiertas preguntas sobre el trato que deben recibir los reclusos en condiciones de salud extremas. Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que se revisen los procedimientos judiciales y penitenciarios para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
La gestión judicial de encarcelar a un paciente con cáncer terminal plantea serios cuestionamientos sobre los derechos humanos de las personas gravemente enfermas en el sistema penal. Asimismo, se ha puesto en debate la capacidad del sistema carcelario para brindar atención adecuada a personas en condiciones críticas de salud.
situs gacor hari ini
