El senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, anunció que ganó una tutela contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe Harman, por presuntas irregularidades en la información presentada sobre la adquisición de tierras. El fallo judicial determinó que la ANT ha comprado únicamente 52.909 hectáreas, una cifra muy lejana a las 220.000 hectáreas reportadas públicamente por el gobierno, lo que representa apenas un 24% de lo anunciado.
La controversia surge luego de que el presidente Gustavo Petro, en su discurso del 20 de julio de 2024, afirmara que en dos años su administración había adquirido 184.000 hectáreas. Posteriormente, Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que la cifra ascendía a 220.000 hectáreas. Sin embargo, la tutela presentada por Uribe confirmó que la realidad es mucho menor: 153 predios equivalentes a 52.909 hectáreas.
Uribe acusó a la ANT de inflar cifras con recursos públicos para mostrar avances inexistentes en la política de reforma agraria y exigió la renuncia inmediata de Felipe Harman. A través de su cuenta de X, el senador declaró:
“El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, debe renunciar una vez más. Le miente al país de manera descarada sobre el número de hectáreas que dice la Agencia haber comprado.”
El fallo también reveló preocupaciones sobre el uso de recursos públicos. Uribe cuestionó un contrato de 13.800 millones de pesos destinado a RTVC, empresa estatal de medios, para difundir información falsa sobre los logros de la ANT. Además, criticó el aumento significativo en contratos de prestación de servicios durante el actual gobierno, los cuales pasaron de 116.1 millones de pesos en 2021 a 398.000 millones en 2024.
El senador instó a los organismos de control a investigar y sancionar a la ANT por lo que considera un mal manejo de los recursos destinados a la reforma agraria, asegurando que estos no están beneficiando de manera efectiva a campesinos y víctimas del conflicto armado.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras defendió sus acciones y aseguró que el proceso de adquisición de tierras sigue en curso, aunque reconoció que enfrenta dificultades administrativas y legales que han retrasado la entrega de los predios a los beneficiarios. Sin embargo, las explicaciones de la entidad no han calmado las críticas, y el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos continúa generando polémica.
La denuncia de Uribe y el fallo de tutela reavivan las tensiones políticas en Colombia, cuestionando no solo la gestión de la ANT, sino también la veracidad de los logros presentados por el gobierno de Gustavo Petro en uno de sus programas más emblemáticos: la reforma agraria.
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