La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y contratistas estatales, entre ellos Moisés Ninco, embajador de Colombia en México; Gareth Sella, viceministro de Juventud; María Nini Echeverry, jefa de servicios al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio; y Jaider David Rozo, contratista de RTVC. La medida se da por el presunto acoso digital hacia la periodista Diana Saray Giraldo en la red social Twitter, conocida actualmente como X.
Según el auto revelado por Caracol Radio, la investigación considera que los mensajes publicados en redes pudieron vulnerar el “buen nombre, honor y honra” de Giraldo, promoviendo un entorno de violencia digital. Los hechos se remontan al pasado 4 de marzo, cuando Giraldo reportó en la emisora Caracol Radio sobre una organización social de Arauca, sugiriendo posibles vínculos de esta con el ELN. La periodista señaló que, aunque “suena feo, es una realidad en la región”, una declaración que originó una serie de mensajes críticos en redes.
Al día siguiente del informe, Josué Castellanos, líder de la organización mencionada, fue asesinado presuntamente por disidencias en Arauca, hecho que exacerbó el debate en redes y motivó comentarios críticos hacia la periodista, a quien acusaron de estigmatizar a Castellanos. En uno de los trinos citados en el proceso, Rozo le recrimina a Giraldo diciendo que “la última vez que usted señaló a alguien, las cosas terminaron muy mal. Que lo diga el firmante de paz Josué Castellanos Pérez”.
Además, el caso ha despertado el interés de organismos de derechos de prensa, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha advertido en repetidas ocasiones sobre los “discursos estigmatizantes” hacia periodistas y medios. La fundación subraya que, en 2023, se han documentado múltiples instancias de este tipo de violencia digital ejercida por funcionarios públicos.
Desde el gobierno, el presidente de la República ha salido en defensa de sus funcionarios, argumentando que ellos son las víctimas de una persecución política y sugiriendo que, de ser necesario, se interpongan recursos legales para proteger su derecho a expresarse.