La Procuraduría General de la Nación ha anunciado una nueva investigación disciplinaria contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su exsecretaria de educación, Alexandra Agudelo, por posibles irregularidades en un contrato de 319 mil millones de pesos destinado a la infraestructura educativa en la ciudad. La investigación, formalizada el 12 de septiembre, examina si el exalcalde omitió su responsabilidad en la vigilancia y control sobre los contratos de la Secretaría de Educación, que habría delegado la ejecución a través de una intermediaria, cuando debió realizarse mediante licitación pública.
Juan David Giraldo Mora, abogado y veedor ciudadano, expresó que esta investigación es “la punta del iceberg de un sistema de subcontratación” bajo la administración de Quintero, señalando que el exalcalde ya acumula 20 procesos disciplinarios. Giraldo Mora afirmó que el “blindaje” de Quintero se está rompiendo, y que las investigaciones continúan desvelando responsabilidades fiscales y administrativas del exmandatario.
Además, la Procuraduría también ha abierto un proceso en contra de varios exfuncionarios del equipo de Quintero, incluyendo a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno y actual alto funcionario en Ecopetrol; María Camila Villamizar, exsecretaria privada; Alejandro Arias, exsecretario de Desarrollo Económico y actual concejal; y Pablo Andrés Rojas, exasesor de Asuntos Estratégicos. Este grupo es investigado por presunta corrupción en el centro de innovación Ruta N. Los exfuncionarios habrían ejercido presión para contratar a personas afines políticamente, en detrimento de los perfiles técnicos.
El exdirector de Ruta N, Juan Andrés Vásquez, testificó que fue objeto de presiones para emplear a personas recomendadas por estos exfuncionarios y por Diana Osorio, esposa de Quintero. Vásquez relató que, en una ocasión, al cuestionar la falta de experiencia de una candidata, Villamizar le habría respondido: “¡Hacé que cumpla!”. Según Vásquez, Quintero también le pidió ayuda para adquirir empresas de Big Data con el objetivo de apoyar sus aspiraciones políticas, asegurando que él no aparecería como propietario de las mismas.
