La Fiscalía General de la Nación imputó este viernes a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. La imputación estuvo a cargo de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Ortiz negó los cargos en la audiencia.
Según la Fiscalía, Ortiz habría actuado como coautora en un esquema de tráfico de influencias liderado por Carlos Ramón González, director del partido Verde y de la Dirección de Inteligencia, quien habría solicitado la adjudicación de contratos por $60 mil millones a favor del expresidente del Senado. , Nombre Iván.
- Tráfico de influencias: Ortiz presuntamente organizó un encuentro el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama, donde Iván Name se reunió con Olmedo López, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El objetivo era ampliar contratos en el Atlántico, con un supuesto intercambio de $3 mil millones para Name y $1 mil millones para Andrés Calle , provenientes de la Ungrd.
- Lavado de activos: Los recursos involucrados habrían sido desviados a través de la manipulación de contratos públicos.
La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo como consejera presidencial para mediar indebidamente y favorecer a Nombre, violando la ley y ejerciendo presiones sobre López.
El caso se suma a una serie de escándalos que han generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos durante la administración Petro. Hasta ahora, ni el Gobierno ni los involucrados han emitido pronunciamientos formales.
