La Agencia Nacional de Tierras (ANT), fundamental en la implementación de la Reforma Agraria en Colombia, se encuentra en el ojo del huracán. Bajo la dirección de Felipe Harman, antiguo alcalde de Villavicencio, la entidad enfrenta denuncias de malos manejos, clientelismo y corrupción. Con un presupuesto histórico de 4,9 billones de pesos para 2024, la ANT ha sido objeto de críticas por la masiva desvinculación de contratistas y la supuesta repartición de puestos entre allegados políticos.
Denuncias de masacre laboral
La Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) denunció recientemente que más del 75% de los 4,000 contratistas de la ANT fueron desvinculados sin explicación. “Un importante número fue reemplazado por personas cercanas al director Harman o recomendadas por padrinos políticos”, afirmó un representante de ATI. Estas nuevas contrataciones, muchas de ellas provenientes de Villavicencio, han generado contratos millonarios y controversias sobre su falta de experiencia en asuntos de tierras.
Vinculación política y clientelismo
La llegada de figuras cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como Esteban Restrepo y Juan David Duque García, ha levantado sospechas sobre la influencia del “quinterismo” en la ANT. Ambos funcionarios, cuestionados por irregularidades en sus anteriores cargos, han sido vistos frecuentando la sede principal de la ANT en Bogotá. Esta situación refuerza las preocupaciones sobre la posible reproducción de prácticas de clientelismo y corrupción a nivel nacional.
Un equipo cuestionado
Entre los nombramientos más polémicos se encuentra Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y Alexandra Pineda Ortiz, candidata fallida del Pacto Histórico a la Gobernación del Cesar. Además, Guillermo Torres, exintegrante de las FARC conocido como “Julián Conrado”, ha sido contratado como asesor en el Caribe. Estos nombramientos han sido criticados por su aparente falta de experiencia específica en asuntos agrarios.
Respuesta oficial
En respuesta a las acusaciones, Felipe Harman defendió los nombramientos, alegando que los nuevos asesores están encargados de la constitución de comités municipales de reforma agraria, fundamentales para la interlocución entre campesinos y autoridades. Sobre los cambios en la planta de contratistas, Harman afirmó que la ANT cuenta con alrededor de 3,800 contratistas activos y que las denuncias de despidos masivos son infundadas.
Impacto en la misión de la ANT
Las críticas también señalan que la desvinculación de profesionales con experiencia amenaza los procesos misionales de la entidad, poniendo en riesgo la efectiva implementación de la Reforma Agraria. La ATI advirtió que la reducción de personal capacitado podría dificultar la entrega de tierras y títulos a campesinos, indígenas y otros grupos vulnerables.
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