Momentos de tensión se vivieron el martes 26 de noviembre en el edificio principal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuando un grupo de indígenas Emberá, provenientes de Risaralda, retuvo a 50 funcionarios públicos, incluido un juez. Esta acción, llevada a cabo por la Guardia Indígena, fue en protesta por el incumplimiento de una reunión pactada con el Gobierno.
El encuentro, programado para las 7:00 p.m., pretendía abordar las demandas históricas de los Emberá relacionadas con acceso a tierras, seguridad, salud, educación y la muerte de niños por desnutrición. Según la comunidad, más de 4.000 personas viajaron desde Risaralda, aunque la Alcaldía de Bogotá estimó la cifra en 2.000. Las comunidades acamparon cerca del Centro Administrativo Nacional (CAN) desde el 25 de noviembre.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizó al Gobierno Nacional y señaló que la situación de inseguridad que los indígenas enfrentan en Risaralda no es competencia de Bogotá ni de la ANT. En respuesta, el director de la ANT, Felipe Harman, negó las retenciones y afirmó que la tensión surgió debido al “patrullaje de un dron”. Insistió en que el diálogo con los Emberá busca una negociación justa y equitativa.
La protesta cedió pasadas las 11:00 p.m., cuando se confirmó la instalación de una mesa de diálogo el 27 de noviembre, donde participarán representantes de diversos ministerios. Los Emberá permanecen acampados en carpas a la espera de avances concretos.
Las tensiones reflejan la deuda histórica del Estado con las comunidades indígenas, quienes exigen garantías para permanecer en sus territorios. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no se ha comprometido con acciones para reubicar a las familias en la ciudad.
